Los planes de la Consejería están provocando movilizaciones y la respuesta de la Comunidad ha sido grabar a los sindicalistas. Se ha anunciado que se querellarán por “el derecho a la intimidad".
Cristina | Diagonal 
La tensión continúa aumentando en los hospitales y centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Tras la denunciada ‘subasta pública' de la sanidad madrileña en el hotel Ritz, se empiezan a conocer mejor los planes del Gobierno de Aguirre para el Servicio Madrileño de Salud. La apertura ‘a la carrera' de Majadahonda (a costa del cierre del público Puerta de Hierro) ha deparado sorpresas: un cadáver en una habitación junto a una carretilla o la contaminación del agua, que impide dializar a los pacientes. Además salen a la luz denuncias como la de Torrejón de Velasco (la Comunidad le debe desde hace cuatro años la construcción del centro de salud).
Antonio Burgueño, director general de Hospitales, ha anunciado que “en diciembre se presentarán los planes funcionales de reforma de los grandes hospitales (12 de Octubre, Clínico, La Paz, Gregorio Marañón y Ramón y Cajal). Después, las empresas tendrán dos meses para estudiarlos, decidir si se presentan y las adjudicaciones se conocerán en primavera”, denuncia Juan Antonio Gómez Liébana de CAS Madrid. Tras la reforma, estos hospitales no superarán las 800 camas cada uno, lo que supondrá la supresión de unas 3.000 camas públicas, y la gestión durante décadas de los centros recaerá en las mismas empresas que consigan la adjudicación.
Los planes de la Consejería están provocando movilizaciones en los centros sanitarios. Y la respuesta de la Comunidad ha sido grabar a los sindicalistas que participaban en ellas, por lo que CGT ha anunciado que se querellará por “el derecho a la intimidad y la libertad sindical”, al igual que CC OO. Las protestas se iniciaron en septiembre en el 12 de Octubre y se han extendido al resto de grandes hospitales madrileños ante el inicio de despidos del personal con contratos temporales y la reducción de camas, que en Getafe se ha traducido en 117 camas y 62 trabajadores menos. Pero “la cifra de posibles afectados es muy difícil de cuantificar, ya que en los últimos años han recurrido a cubrir la mayoría de las plazas vacantes con contratos temporales renovables (en lugar de interinidades), por lo que no se puede saber exactamente cuántos pueden ser cesados, pero nuestros cálculos los sitúan en 10.000 (el 14% de la plantilla actual)”, explica Gómez. Por todo ello, la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización ha convocado para el próximo 13 de noviembre una manifestación en Madrid.
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